Impugnación de las Bases de la Bolsa de Técnico en Educación por la arbitrariedad del Ayuntamiento.

Sin saberse muy bien por qué motivos, el Ayuntamiento ha rebajado ilegalmente el nivel de estudios necesarios para ocupar el puesto de Técnico en Educación de la Delegación de Educación. Hasta la fecha se pedía estar en posesión de la diplomatura (carrera de tres años) de Magisterio pero ahora sólo se exige tener el Bachiller Superior, cambiando de criterio sin nada que lo justifique e incumpliendo lo que manda la ley ¿Quién puede beneficiarse de esta medida?

A continuación expongo literalmente mis argumentos a los posibles perjudicados, animándoles al mismo tiempo a que actúen y a que no se queden cruzados de brazos ante esta nueva injusticia:

ALEGACIONES:

1ª.- La figura de técnico en educación sólo puede ser encuadrada en la de Educador Social definida en el Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, donde se establecen los planes de estudio de la Diplomatura de Educación Social y donde se dice que “Las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial de Diplomado en Educación Social deberán orientarse a la formación de un educador en los campos de la educación no formal, educación de adultos (incluidos los de la tercera edad), inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socio-educativa.”

2ª.- Que tanto en el mencionado Real Decreto 1420/1991 como en el RD164/2004 y en el RD 1339/2007, por los que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia entre determinados títulos en materia de educación social y el Título de Diplomado en Educación Social, nunca se contempla la posibilidad de su equiparación con el título de Bachiller Superior, sino que éste, como es lógico, se constituye como una condición previa y necesaria para conseguir una titulación superior como es una diplomatura, en este caso de Educador Social.

3ª.- Que como se establece en el Capítulo II del Título IV de la 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la agrupación de los empleados públicos en cuerpos y escalas de la Función Pública se hace en consideración de la titulación exigida para el ejercicio del puesto que han de ocupar, respetando siempre el principio de legalidad, luego es evidente que si legalmente sólo los Diplomados en Educación Social (y las equivalencias establecidas por los reales decretos 164/20004 y 1339/2007) pueden ejercer las funciones que son propias de su especialidad, el grupo de clasificación donde ha de encuadrarse el puesto objeto de la bolsa, independendientemente de la denominación dada por esa administración, es el que corresponde a su titulación, es decir el A2 que conlleva una diplomatura como mínimo y no el C1 que es el que se deduce del nivel educativo exigido en las bases.

4ª.- Que lo anterior constituye un cambio de criterio no justificado por parte de ese Excmo. Ayuntamiento, en cuanto que hasta ahora para cubrir el puesto para el que se crea la mencionada bolsa se pedía estar en posesión de titulo de diplomado, más concretamente en magisterio, por lo que dicho cambio de criterio sin causa que lo justifique puede constituir un caso de arbitrariedad administrativa.